SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentó formalmente la acusación y solicitó la apertura a juicio contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien es procesado por presuntamente exigir dinero a una persona bajo investigación y recibir US$10,000 durante una entrega controlada.

La acusación fue depositada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, junto al procurador adjunto Wilson Camacho y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte.

El órgano persecutor solicitó que se fije la audiencia preliminar, se admita en su totalidad la acusación y las pruebas presentadas, además de que se mantenga la medida de coerción impuesta contra el imputado y las medidas cautelares que pesan sobre sus bienes.

Según el expediente, Valdez Alcántara formaba parte del equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y participó en investigaciones relacionadas con el presunto entramado de corrupción que habría desfalcado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El Ministerio Público sostiene que, luego de interrogar a una persona vinculada a una de estas investigaciones en diciembre del pasado año, el entonces fiscal obtuvo su número telefónico y posteriormente inició comunicación con ella mediante WhatsApp.

De acuerdo con la acusación, Valdez Alcántara habría utilizado el proceso judicial para ejercer presión sobre el investigado y posteriormente le habría ofrecido “ayudarlo” a cambio de dinero. Inicialmente, presuntamente solicitó US$200,000, monto que posteriormente habría reducido a US$150,000. También habría mostrado interés en recibir un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.

Como parte de la investigación, se coordinó una entrega controlada de US$10,000, tras la cual se ejecutó una orden de arresto en su contra.

Valdez Alcántara cumple prisión preventiva por tres meses en el CCR Najayo Hombres, medida que fue ratificada en julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. La revisión obligatoria está pautada para el 3 de septiembre.

El Ministerio Público atribuye al acusado violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano, así como disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.