Justiniano Montero prioriza reducir la mora judicial y digitalizar los servicios en su plan de los primeros 100 días
La agenda incluye inteligencia artificial para agilizar procesos, tribunales móviles en cárceles, firma digital para actores del sistema de justicia y una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.

SANTO DOMINGO.– Reducir los retrasos en los tribunales, agilizar la resolución de expedientes antiguos y transformar los procedimientos judiciales mediante herramientas digitales figuran entre las principales prioridades del plan de trabajo de los primeros 100 días del juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Justiniano Montero.
La hoja de ruta, presentada este miércoles ante representantes de los medios de comunicación, contempla además la incorporación de modelos homogéneos de inteligencia artificial, el fortalecimiento de la carrera judicial y la modificación del marco legal que regula el funcionamiento del Poder Judicial.
En materia de eficiencia, Montero anunció que dará continuidad y mayor impulso a la estrategia Mora Cero, con énfasis en la agilización de los expedientes más antiguos, el fortalecimiento de la capacidad operativa de los tribunales y la prevención de nuevos retrasos en la administración de justicia.
Entre las iniciativas tecnológicas destaca la implementación de modelos de inteligencia artificial, con cooperación técnica de Amazon, para atender casos de alta frecuencia y contribuir a disminuir la mora judicial.
También se impulsará la interoperabilidad en línea entre las secretarías de los tribunales, con el propósito de facilitar el intercambio de información y mejorar la gestión de los procesos.
Cambios legales y trazabilidad de las notificaciones
Otro de los puntos relevantes de la agenda será el sometimiento al Congreso Nacional de un proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, destinado a unificar disposiciones normativas centenarias y actuales.
La propuesta incluye, además, una nueva legislación sobre ejecución de sentencias, con la finalidad de eliminar prácticas indecorosas y fortalecer la seguridad jurídica.
En el ámbito de las notificaciones judiciales, el plan contempla dotar de firma digital a abogados, auxiliares de la justicia, oficiales públicos y alguaciles, siguiendo la experiencia implementada con los jueces.
Asimismo, cada acto de alguacil deberá contar con un modelo digital de georreferenciación que permita identificar con precisión el lugar donde se realizó la notificación. La medida busca enfrentar las irregularidades conocidas como notificaciones al aire, que afectan la confiabilidad de estos procedimientos.
Tribunales móviles y congestión penal
La agenda también contempla reactivar los tribunales móviles en los centros penitenciarios con mayores niveles de congestión del país, mediante una coordinación con el Ministerio Público y la Defensa Pública.
A esta iniciativa se sumará una mesa de gobernanza penal orientada a promover mecanismos de conciliación y evitar la imposición de sanciones desproporcionadas.
Integridad y participación ciudadana
El plan de los primeros 100 días se estructura en cuatro ejes: Integridad, Participación, Eficiencia y Fortalecimiento Institucional.
En materia de integridad, Montero anunció el impulso de una política institucional antisoborno y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, orientación y denuncia, además de estructuras regionales para promover una cultura ética dentro del sistema judicial.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofrecerá cooperación para incorporar buenas prácticas internacionales en esta materia.
En cuanto a la participación ciudadana, se prevé ampliar los espacios de diálogo y consulta en las distintas regiones del país, con el objetivo de identificar necesidades de las comunidades e incorporar sus planteamientos a las iniciativas de mejora del servicio judicial.
Para dar seguimiento a las metas, el magistrado informó sobre la designación de una comisión integrada por dos funcionarios y un consejero, responsable de presentar informes periódicos sobre los avances institucionales.
Montero aseguró que la gestión mantendrá mecanismos de evaluación y rendición de cuentas para informar sobre los resultados alcanzados y los desafíos pendientes durante la ejecución de esta agenda, correspondiente al inicio del período 2026-2032.
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