SANTO DOMINGO.— La investigación por el presunto desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) entró este viernes en una nueva fase con una serie de allanamientos simultáneos dirigidos contra más de 25 médicos, cuyas residencias y consultorios son intervenidos por el Ministerio Público en distintos puntos del país.

Los operativos son ejecutados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) como parte de la investigación denominada “SeNaSa 2.0”, que busca establecer la posible participación de prestadores de servicios de salud en un esquema de reclamaciones y facturaciones presuntamente irregulares.

De acuerdo con las informaciones preliminares disponibles, las autoridades procuran ocupar documentos, registros contables y dispositivos electrónicos que puedan aportar evidencias sobre las operaciones bajo investigación. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha ofrecido un balance oficial sobre el número definitivo de personas detenidas ni sobre las evidencias ocupadas durante los allanamientos.

Una investigación que supera los RD$15,000 millones

Los nuevos operativos se producen mientras continúa el proceso judicial contra los imputados de la primera fase de la investigación, en la que el Ministerio Público sostiene que una estructura habría provocado un perjuicio al Estado superior a RD$15,000 millones.

La magnitud del expediente llevó al Ministerio Público a solicitar y obtener una prórroga de cuatro meses para profundizar las pesquisas. La investigación incluye el análisis de miles de documentos y cientos de miles de operaciones relacionadas con SeNaSa.

Como parte de esa labor, las autoridades han informado sobre la revisión de aproximadamente 16,800 cajas de documentos ocupadas durante allanamientos anteriores, cuyo contenido es analizado para determinar responsabilidades y establecer si existen elementos para incorporar a nuevos investigados al proceso.

El foco se extiende a prestadores de servicios

La denominada fase SeNaSa 2.0 amplía el radio de la investigación desde los antiguos funcionarios y otros implicados de la primera etapa hacia médicos y centros de salud, con el objetivo de determinar si existieron mecanismos de coordinación para generar coberturas o reclamaciones irregulares.

Entre las hipótesis investigativas reportadas se encuentran presuntas facturaciones ilícitas, reclamaciones irregulares y desvío de fondos mediante coberturas de servicios de salud. Estas son líneas de investigación y deberán ser sustentadas por el Ministerio Público ante los tribunales.

En la primera fase del caso figura como principal imputado el exdirector de SeNaSa Santiago Hazim, junto a otros procesados, quienes enfrentan cargos relacionados con presunta coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, según el expediente reportado por las autoridades.

La nueva jornada de allanamientos marca así una ampliación de las pesquisas hacia el componente médico y prestador del sistema, mientras el Ministerio Público continúa recopilando evidencias para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y las responsabilidades individuales que eventualmente correspondan.