La Caleta, Santo Domingo. Dirigentes comunitarios denunciaron que cientos de familias continúan siendo afectadas por desalojos en distintos sectores del distrito municipal de La Caleta, especialmente en la comunidad de Gran Valiente, y anunciaron que acudirán a la Procuraduría General de la República para exigir la intervención de las autoridades.

El anuncio fue realizado por el presidente del Comité Municipal de La Caleta, Sócrates Orlando Pérez, durante una rueda de prensa en la que aseguró que los desalojos continúan ejecutándose, incluso en horario nocturno, pese a las gestiones de diálogo emprendidas con el Gobierno.

"En los próximos días una comisión se presentará ante la Procuraduría General de la República para exigir una respuesta frente a los desalojos que siguen afectando a decenas de familias de nuestra comunidad", expresó Pérez.

El dirigente comunitario explicó que las organizaciones sociales han agotado diversas vías institucionales para buscar una solución al conflicto y recordó que fue conformada una comisión integrada por el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, representantes de Ciudad Alternativa y líderes comunitarios, con el propósito de dar seguimiento a la problemática.

Según indicó, esa comisión ha sostenido reuniones tanto en el Palacio Nacional como en la oficina legislativa del senador, en busca de una salida consensuada que garantice los derechos de las familias afectadas.

Pérez señaló que el funcionario designado por el presidente Luis Abinader para atender el conflicto, identificado como Víctor Sánchez, mantiene conversaciones con la comisión; sin embargo, afirmó que hasta el momento no ha presentado una respuesta oficial ni una propuesta concreta que permita detener los desalojos.

Aunque reconoció que existe una mesa de diálogo abierta con representantes del Gobierno, sostuvo que las comunidades permanecen en incertidumbre mientras continúan las acciones de desalojo.

Durante la rueda de prensa, los comités municipales del Frente Amplio, Opción Democrática y Alianza País manifestaron su respaldo a las familias afectadas y llamaron al Gobierno a encontrar una solución definitiva mediante el diálogo y el consenso.

Las organizaciones insistieron en que cualquier intervención debe respetar el debido proceso, las garantías constitucionales y el derecho a una vivienda digna, evitando acciones que pongan en riesgo la seguridad y estabilidad de los residentes de La Caleta.

Los dirigentes comunitarios reiteraron que continuarán desarrollando acciones legales e institucionales hasta lograr una respuesta de las autoridades que permita resolver el conflicto de manera definitiva y proteger los derechos de las familias que aseguran han sido impactadas por los desalojos.