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caso Jet Set

Corte de Apelación mantiene embargo de RD$500 millones contra los hermanos Espaillat

La Justicia mantiene bajo presión patrimonial a los principales imputados por la tragedia que cobró la vida de 236 personas y dejó más de 180 heridos.

Redacción RD NoticiaViernes, 4 de septiembre de 2026 · 1 min de lectura
Antonio y Maribel Espaillat
Antonio y Maribel Espaillat — Fuente externa

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó el embargo por hasta RD$500 millones impuesto contra Antonio y Maribel Espaillat, en el marco del proceso judicial relacionado con el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.

La decisión mantiene vigente la medida de coerción real que pesa sobre los bienes y activos vinculados a los principales imputados en el proceso, luego de que su defensa solicitara dejarla sin efecto y sustituirla por una fianza equivalente al monto autorizado.

Los abogados de Antonio y Maribel Espaillat habían argumentado sobre el impacto que el embargo tendría sobre su patrimonio y buscaban que la medida fuera sustituida. Sin embargo, la Corte de Apelación rechazó el planteamiento y confirmó la medida.

El recurso de apelación también involucraba a Evelyn Espaillat, Ana Grecia López y varias empresas relacionadas con el proceso, entre ellas Inversiones E y L, Radio Cadena Comercial, Difusora Hemisferio e Inversiones CCEP-2.

El embargo había sido dispuesto el pasado 15 de junio, cuando el juez Raymundo Mejía ordenó la apertura a juicio de fondo contra los hermanos Espaillat y autorizó embargos e hipotecas judiciales hasta por RD$500 millones.

Con la decisión de la Corte de Apelación permanecen vigentes las medidas de embargo conservatorio, embargo retentivo e hipoteca judicial sobre bienes, activos y valores vinculados a los imputados y a terceros civilmente demandados, previamente ordenadas por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

La medida representa un nuevo revés para la defensa de los imputados, al mantener comprometido su patrimonio mientras avanza el proceso judicial derivado de una de las tragedias más graves registradas en el país.

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