Santo Domingo.– El Ministerio Público llevó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional su solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra 26 personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A, a quienes vincula con un supuesto esquema de corrupción administrativa que habría afectado recursos públicos destinados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La solicitud fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que además pidió que el proceso sea declarado de tramitación compleja debido a la cantidad de hechos investigados, víctimas y personas involucradas.

La audiencia fue aplazada por el juez Rigoberto Sena para este jueves 24 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, luego de varias horas de presentación de argumentos y elementos probatorios.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, afirmó a su salida del tribunal que 10 de los imputados habrían admitido los hechos que les atribuye el Ministerio Público, argumento que, según sostuvo, evidencia la fortaleza de la investigación.

“Diez de los imputados han admitido los hechos, han estado contestes con los hechos que el Ministerio Público les ha imputado”, declaró Ortiz.

483 elementos de prueba

Para sustentar la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público presentó 483 elementos de prueba, entre ellos 234 documentales, 91 materiales, 82 documentos procesales y 76 periciales.

La representación del órgano acusador estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, junto a Mirna Ortiz, el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.

La Pepca sostiene que la investigación no se limita a un posible perjuicio económico, sino que habría afectado derechos de afiliados al sistema de salud.

Según explicó Ortiz, el Ministerio Público ha documentado casos en los que se habrían facturado y cobrado a SeNaSa procedimientos médicos que no fueron realizados, de acuerdo con los elementos presentados por la acusación.

Los 26 imputados

La solicitud de prisión preventiva incluye a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Ysabel Heredia Vallejo, Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

También figuran Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

El Ministerio Público les atribuye, según el expediente presentado, delitos que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Estas imputaciones deberán ser conocidas y valoradas por el tribunal dentro del proceso judicial.

Segunda etapa de la investigación

La Operación Cobra 2.0-A constituye una segunda fase de la investigación iniciada con la Operación Cobra, en la que fue arrestado el exdirector ejecutivo de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla del entramado.

En esa primera etapa también fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.

Con esta nueva fase, el Ministerio Público busca avanzar en la identificación de las personas que, según su investigación, habrían participado en el esquema y procura recuperar los recursos que sostiene fueron sustraídos del Estado.

El tribunal decidirá las medidas

La solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de tramitación compleja deberán ser analizadas por el juez Rigoberto Sena, quien deberá valorar los argumentos de la acusación y de las defensas antes de adoptar una decisión.

Mientras tanto, la investigación permanece abierta y el Ministerio Público continúa sosteniendo que los imputados formaban parte de una estructura organizada que habría utilizado mecanismos administrativos y médicos para generar perjuicios económicos al sistema público de salud.

La decisión sobre las medidas de coerción corresponderá al tribunal conforme a las pruebas y argumentos presentados durante la audiencia.