Facturación electrónica: 187,500 contribuyentes siguen pendientes a 11 días del vencimiento del plazo
La DGII reporta 125,000 contribuyentes incorporados, equivalentes al 40 % de los obligados. El 60 % restante debe completar la transición antes del 15 de noviembre.

SANTO DOMINGO.– Aproximadamente 187,500 contribuyentes todavía no se habían incorporado al sistema de facturación electrónica en República Dominicana, según las cifras ofrecidas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que reporta unos 125,000 usuarios incorporados, equivalentes al 40 % de la población obligada a cumplir con esta modalidad.
Los datos, ofrecidos por Hamlet Gutiérrez, subdirector de Facilitación y Servicios de la DGII, durante una entrevista en el programa El Despertador, revelan que seis de cada diez contribuyentes obligados todavía estaban pendientes de completar el proceso, cuando restaban 11 días para el vencimiento del plazo establecido para el 15 de noviembre de 2026.
La proporción informada permite estimar en unos 312,500 el universo de contribuyentes obligados a utilizar el sistema. De ese total, aproximadamente 125,000 ya estarían incorporados y 187,500 continuarían fuera de la plataforma electrónica.
Estimaciones calculadas a partir de los porcentajes y cantidades comunicados por la DGII; no constituyen un conteo independiente.
105,000 contribuyentes más que al inicio del año
Uno de los indicadores relevantes del proceso es el crecimiento de la incorporación durante 2026.
Gutiérrez indicó que al comenzar el año cerca de 20,000 contribuyentes utilizaban la facturación electrónica. La cifra actual, de aproximadamente 125,000, representa un incremento de 105,000 usuarios y multiplica por 6.25 la cantidad reportada al inicio del período.
En términos relativos, supone un aumento aproximado de 525 % respecto a los 20,000 contribuyentes iniciales.
Sin embargo, el funcionario también situó la incorporación inicial en un 13 % de los obligados, mientras que la cifra actual representa un 40 %. Esas proporciones utilizan bases de cálculo que no coinciden con la población total que se desprende de los datos actuales, por lo que la DGII tendría que precisar si hubo cambios en el universo de contribuyentes sujetos a la obligación o en la metodología de cálculo.

Las grandes empresas ya completaron la transición
El subdirector de Facilitación y Servicios explicó que las grandes empresas fueron las primeras en incorporarse, debido a que sus plazos vencieron antes. También señaló avances entre las medianas empresas y aseguró que el grupo pendiente incluye compañías con operaciones suspendidas o temporalmente paralizadas.
El proceso de implementación no comenzó este año. Según Gutiérrez, la DGII trabaja en la transición desde hace aproximadamente una década, con una etapa voluntaria de cuatro o cinco años antes de que se estableciera la obligatoriedad.
La formalización del proceso se produjo en 2023, con la promulgación de la Ley de Facturación Electrónica, que estableció un calendario para la incorporación progresiva de empresas, personas físicas y demás contribuyentes alcanzados por la disposición.
Tres mecanismos para incorporarse
La DGII dispone de tres alternativas para emitir comprobantes fiscales electrónicos:
Sistema propio: desarrollo de una plataforma tecnológica por parte del contribuyente.
Proveedor autorizado: contratación de una empresa certificada para implementar el servicio.
Facturador gratuito: herramienta habilitada por la DGII, dirigida principalmente a pequeños contribuyentes con bajo volumen de facturación.
Gutiérrez informó que existen alrededor de 200 proveedores registrados y certificados por la institución. Los costos de implementación varían según el tamaño del negocio, la cantidad de facturas emitidas y el nivel de digitalización de cada empresa.
Elayne Jiménez, encargada de Control de Operaciones de la Gerencia de Facturación de la DGII, explicó que los sistemas deben cumplir con los estándares técnicos establecidos y superar un proceso de homologación y pruebas.
La funcionaria precisó que cada contribuyente debe realizar su propio registro en la Oficina Virtual y seleccionar la modalidad que utilizará, incluso cuando varias empresas compartan un mismo representante o certificado digital.
El impacto esperado en el control del ITBIS
Más allá de sustituir los comprobantes en papel, la facturación electrónica representa un cambio en la capacidad de la administración tributaria para recibir y procesar información sobre las operaciones comerciales.
Gutiérrez sostuvo que el mecanismo permitirá fortalecer la transparencia, mejorar el control de las transacciones y facilitar la detección de irregularidades relacionadas con la evasión del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
No obstante, aclaró que la incorporación al sistema no significa la creación de un nuevo impuesto ni implica automáticamente un incremento de las recaudaciones. Su finalidad es mejorar los mecanismos de fiscalización y reducir los espacios para operaciones fuera del control tributario.
Por su parte, Jiménez explicó que cuando una factura electrónica validada necesita ser modificada, debe utilizarse una nota de crédito, mecanismo que permite corregir montos, modificar conceptos o anular operaciones, según corresponda.
El desafío: incorporar al 60 % restante
Con aproximadamente 187,500 contribuyentes todavía pendientes, el principal desafío de la DGII es completar la incorporación del segmento que aún no utiliza el sistema.
El plazo comunicado por la institución vence el 15 de noviembre de 2026, fecha que coincide con un domingo. Gutiérrez exhortó a los contribuyentes a no esperar hasta el último momento para iniciar sus gestiones y recordó que el proceso puede completarse con rapidez una vez que se cumplen los pasos técnicos y administrativos requeridos.
La magnitud de la población pendiente convierte las próximas jornadas en una etapa decisiva para la implementación de la facturación electrónica, cuyo alcance no solo implica digitalizar la emisión de comprobantes, sino también transformar los mecanismos de registro, seguimiento y fiscalización de las actividades económicas en el país.
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