SAN CRISTÓBAL.— La audiencia de solicitud de medida de coerción contra el pastor Ángel Gabriel Capellán, acusado de maltrato infantil, fue aplazada para el proximo martes 15 de septiembre.

El aplazamiento, dispuesto por el juez José Carlos Nina, de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal, se produjo luego de que un abogado que representa a las madres de los menores involucrados solicitara formalmente su incorporación al proceso.

La suspensión abrió, además, un nuevo frente de controversia alrededor del caso: la representación de los niños y adolescentes y el reclamo de sus padres para tener contacto con ellos, mientras el Ministerio Público sostiene una investigación por presunto maltrato físico y psicológico ocurrido en la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive”, ubicada en Bajos de Haina.

El abogado Luis Carela, representante de Capellán, explicó que el tribunal decidió reenviar la audiencia para permitir que el nuevo representante legal pueda constituirse formalmente conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal.

Carela aseguró que ninguno de los padres de los menores ha presentado una querella formal ante la Fiscalía de San Cristóbal, aunque reconoció que varios progenitores acudieron al tribunal con la intención de intervenir directamente en representación de sus hijos.

“Ninguno, pero han hecho acto de presencia el día de hoy para representar directamente a sus menores de edad”, afirmó el abogado.

Padres reclaman contacto con sus hijos

Mientras el proceso judicial avanza, algunos padres cuestionan las condiciones bajo las cuales sus hijos permanecen bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Rosa, madre de dos de los menores, una niña de ocho años y un niño de seis, denunció que no ha podido ver a sus hijos desde que fueron separados del entorno donde permanecían.

La mujer relató que acudió al lugar donde estaban los niños y pidió que le permitieran verlos, aunque fuera por unos minutos. Según su testimonio, los menores fueron retirados del área y no pudo establecer contacto con ellos.

“No me enseñan, no veo a mis hijos”, manifestó.

Rosa aseguró que llevaba más de un año viviendo en el lugar junto a sus hijos y que decidió permanecer allí porque consideraba que existía un ambiente apropiado para su crianza.

Otra madre que se identificó como seguidora de Capellán defendió igualmente su decisión de llevar a sus hijos al centro vinculado a la fundación.

Explicó que tomó esa decisión porque le agradaba el trato que, según afirmó, recibían los niños.

“El motivo fue que me agradó cómo trataban a los niños. Yo vivo en una pieza, gracias al Señor, y me gustó el ambiente de los niños, que es un buen ambiente para que los niños crezcan”, relató.

La mujer también denunció que, después de la intervención de las autoridades, los padres no han podido establecer contacto con sus hijos.

Defensa cuestiona actuación del Ministerio Público

El abogado Manuel Soto Lara, quien afirmó representar a madres de los menores, cuestionó la forma en que el Ministerio Público ha manejado la investigación.

Soto Lara calificó de “apresurada e irresponsable” la actuación de la Fiscalía y sostuvo que las madres buscan tener la oportunidad de presentar ante el tribunal su propia versión de los hechos.

Según el abogado, existe preocupación porque las madres puedan ofrecer testimonios diferentes a los planteados por el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción.

También afirmó que, durante las entrevistas realizadas a los menores, algunos habrían identificado a Capellán como una figura paterna, expresado su deseo de regresar al centro y negado haber sido maltratados.

No obstante, la defensa indicó que todavía no ha recibido las entrevistas de los menores, aunque aseguró haber participado en las cámaras donde fueron realizadas.

Las afirmaciones forman parte de la versión de la defensa y deberán ser contrastadas en el proceso judicial. El Ministerio Público mantiene abierta la investigación y atribuye a Capellán presuntos hechos de maltrato físico y psicológico contra menores.

14 menores fueron localizados durante operativo

El caso se originó tras una intervención realizada entre el 29 y el 30 de agosto en la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive”, donde las autoridades localizaron 14 niños, niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre tres meses y 13 años.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas sobre el caso, cuatro de los menores fueron posteriormente reintegrados a sus familias, mientras otros permanecen bajo el Sistema Nacional de Protección.

La situación ha generado un debate que trasciende la medida de coerción solicitada contra el pastor: ¿quién debe representar los intereses de los menores y cómo se garantiza el derecho de sus padres a conocer su situación mientras avanza la investigación?

Misioneros defienden la labor de la fundación

En medio de la controversia, Casandra Ramírez, quien dijo representar a instituciones misioneras e internacionales que colaboraban con la fundación, defendió las actividades desarrolladas en el lugar.

Ramírez aseguró que esas organizaciones suministraban alimentos, ropa y medicamentos tanto para los niños como para adultos mayores vinculados al centro.

También cuestionó los fundamentos de la acusación presentada por el Ministerio Público y calificó el proceso como un “show mediático”.

Sobre las marcas observadas en uno de los menores, sostuvo que, según la versión que recibió, existía una explicación ofrecida por la madre del niño.

Estas declaraciones corresponden a la versión de quienes respaldan la labor de la fundación, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las condiciones en que se encontraban los menores.

El martes vuelve el caso a los tribunales

La audiencia contra Ángel Gabriel Capellán quedó fijada para el martes 15 de septiembre, fecha en la que el tribunal deberá retomar el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.

Para entonces, la atención estará puesta no solo en la petición del Ministerio Público, sino también en la participación formal de los representantes de las madres y en las versiones que puedan aportar los padres de los menores.

El caso llega así a una nueva etapa marcada por posiciones enfrentadas: el Ministerio Público sostiene una acusación por presunto maltrato; la defensa cuestiona la investigación; padres reclaman contacto con sus hijos y organizaciones vinculadas a la fundación defienden la labor realizada.

Mientras tanto, los menores permanecen bajo protección de las autoridades y el tribunal deberá determinar los próximos pasos dentro de un proceso que ha colocado en el centro del debate la protección de la niñez, los derechos de las familias y las garantías del debido proceso.