SANTO DOMINGO.– El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso este domingo medidas de coerción a 24 de los 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0-A, investigación que el Ministerio Público vincula con presuntas irregularidades en el manejo de autorizaciones y facturación de servicios médicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La decisión contempla prisión preventiva para ocho imputados, quienes deberán cumplir la medida en distintos centros penitenciarios.

En el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras fueron enviados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación.

Mientras, Isabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista deberán cumplir prisión preventiva en Najayo Mujeres.

15 imputados quedan bajo arresto domiciliario

El tribunal también impuso arresto domiciliario a 15 imputados.

De estos, nueve deberán cumplir exclusivamente esa medida, mientras que otros seis tendrán que cumplir además con garantía económica e impedimento de salida del país.

Este último grupo está integrado por Luz Esther Reyes Durán, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña y Keila Beatriz Acosta Leonardo.

Por otra parte, José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltre quedaron sujetos a garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.

De acuerdo con el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, otros dos imputados quedaron sin medidas de coerción.

Camacho advierte a los médicos sobre sus códigos profesionales

Tras concluir la audiencia, Camacho hizo un llamado a los profesionales de la medicina para que no faciliten sus códigos utilizados en los procesos de autorización y facturación de servicios.

“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, advirtió el funcionario.

Camacho sostuvo que 22 médicos figuran en la investigación por situaciones relacionadas con el uso de sus códigos profesionales.

El director de Persecución planteó que lo ocurrido en este expediente debería servir para impulsar una campaña de orientación dirigida a los médicos, con el propósito de explicarles las posibles consecuencias legales de prestar o facilitar sus códigos a terceros.

Investigación supera los RD$40 millones

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el caso SeNaSa 2.0-A corresponde a una nueva fase de la investigación denominada Operación Cobra 2.0-A, relacionada con presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud.

La acusación sostiene que los imputados habrían participado en un esquema mediante el cual se utilizaban datos de afiliados para gestionar autorizaciones y facturar servicios médicos que, de acuerdo con la investigación, no habrían sido realizados.

El Ministerio Público también señala el supuesto uso de identidades suplantadas y acceso irregular a información de afiliados.

La investigación contempla un presunto perjuicio superior a RD$40 millones, mientras que el expediente depositado ante el tribunal consta de aproximadamente 525 páginas.

Durante el conocimiento de las medidas de coerción, el órgano acusador presentó 706 medios de prueba para sustentar sus planteamientos ante el tribunal.

Ministerio Público había pedido 18 meses de prisión preventiva

Inicialmente, el Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados, además de la declaratoria de complejidad del proceso.

Posteriormente, el órgano persecutor informó que solicitaría arresto domiciliario para nueve de los implicados, argumentando que estos habían colaborado con la investigación y admitido los hechos que se les atribuían.

La decisión del juez establece ahora un régimen diferenciado de medidas de coerción para los imputados, mientras la investigación continuará bajo la condición de caso complejo.

Las imputaciones corresponden a planteamientos del Ministerio Público que deberán ser examinados durante las distintas etapas del proceso judicial.