El nuevo Código Penal dominicano no solo endurece las penas y amplía el catálogo de delitos, sino que también abre un debate sobre sus alcances, contradicciones y consecuencias reales en la sociedad. Para el abogado Amadeo Peralta, la reforma combina avances significativos con disposiciones que califica de “excesivas” e incluso “inverosímiles”.

Durante una entrevista en el programa Al Punto Vespertino, Peralta desglosó algunos de los aspectos más llamativos de la nueva legislación, entre ellos la inclusión de delitos poco convencionales que, asegura, reflejan prácticas existentes pero que ahora pasan a ser severamente castigadas.

“Este código trae delitos nuevos y mucha prisión. Algunos son hasta chistosos”, afirmó, antes de enumerar sanciones de hasta 10 años por prácticas como la brujería, el robo de cadáveres o la comercialización de ataúdes extraídos de cementerios.

Más allá del tono anecdótico, el jurista advierte que estas tipificaciones responden a realidades que, aunque poco visibles, ocurren en el país. Sin embargo, cuestiona si el enfoque punitivo es la respuesta adecuada.

Un sistema bajo presión

El endurecimiento de las penas y la introducción de 73 nuevos delitos podrían tener un efecto inmediato: el colapso del sistema penitenciario. Peralta estima que el Estado deberá construir al menos siete u ocho nuevas cárceles en los próximos años para responder al incremento de la población reclusa.

“El código es disuasivo e intimidante, pero no reduce la criminalidad por sí solo”, sostiene.

A su juicio, la reforma prioriza el castigo sobre la prevención, lo que obligará a una mayor inversión en infraestructura, personal penitenciario y administración de justicia.

El escenario se agrava con la posibilidad de condenas acumulativas que podrían alcanzar hasta 60 años de prisión, una medida que, según el abogado, convertirá las cárceles en “almacenes de personas” por largos períodos.

Relaciones de pareja en la mira

Uno de los puntos más controversiales es la penalización de relaciones sexuales no consentidas dentro de la pareja, con penas de hasta 20 años. Aunque el objetivo es proteger a las víctimas, Peralta considera que la redacción del artículo podría generar abusos.

“Basta con una denuncia para que alguien enfrente 10 o 20 años de prisión”, advierte, al tiempo que cuestiona la aplicación práctica en contextos íntimos donde, según él, la prueba puede ser compleja.

También genera preocupación otro apartado que prohíbe las relaciones sexuales bajo efectos de sustancias, lo que, en su opinión, podría derivar en conflictos legales y sociales difíciles de manejar.

Médicos bajo alerta

El nuevo código también impacta directamente al sector salud. Peralta alerta sobre sanciones de uno a dos años de prisión para médicos que emitan diagnósticos o certificados falsos, incluso en casos donde el paciente haya mentido.

Además, advierte sobre el riesgo de que procedimientos médicos sean interpretados como asociación de malhechores si involucran a varios profesionales, lo que podría duplicar las penas en casos de presunta mala práctica.

El jurista recomienda a los médicos estudiar a fondo los artículos que les competen para evitar “sorpresas legales” que puedan afectar tanto su ejercicio profesional como a los centros de salud.

Tecnología frente a la violencia

En medio de las críticas, Peralta propone soluciones prácticas para problemas persistentes como la violencia de género. Sugiere sustituir las órdenes de alejamiento tradicionales por dispositivos electrónicos: grilletes para agresores y sistemas de alerta para las víctimas.

“Un papel no detiene a nadie. Un sistema electrónico puede prevenir una tragedia”, afirma, al destacar el potencial de la tecnología para mejorar la protección efectiva.

Entre avances y controversias

Para Peralta, el nuevo Código Penal contiene “un 90% de aspectos positivos”, pero ese 10% restante podría generar conflictos legales, sociales y operativos si no se revisa cuidadosamente.

La reforma, lejos de cerrar el debate, lo amplía. En juego no solo está la modernización del sistema penal, sino el equilibrio entre justicia, proporcionalidad y viabilidad en un país que deberá adaptarse a una nueva realidad jurídica.