Santo Domingo Oeste. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra la sargento de la Policía Nacional Gleny Tellería Alberto, de 43 años, acusada de causar la muerte de su hija de 10 años en un hecho ocurrido el pasado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con las informaciones contenidas en el expediente de investigación, la imputada habría sido diagnosticada con esquizofrenia y, además, presuntamente habría intentado quitarse la vida en dos ocasiones anteriores, antecedentes que forman parte de las pesquisas desarrolladas por las autoridades para esclarecer las circunstancias del caso.

La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción se celebra la tarde de este martes en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, donde fue trasladada la agente desde el Hospital General Docente de la Policía Nacional, centro en el que permanece ingresada bajo custodia tras el suceso.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde del 18 de julio, causando consternación entre los residentes del sector y reavivando el debate sobre la atención a la salud mental y los mecanismos de seguimiento a miembros de instituciones armadas que presentan condiciones psiquiátricas.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, confirmó que el diagnóstico médico y los presuntos intentos previos de suicidio forman parte de la investigación que llevan a cabo la institución y el Ministerio Público.

Las autoridades indicaron que estos elementos serán evaluados dentro del proceso judicial para determinar las circunstancias en que ocurrió la muerte de la menor y establecer las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, el Ministerio Público sostiene que la gravedad de los hechos justifica la imposición de prisión preventiva como medida de coerción, en tanto continúan las investigaciones y se desarrolla el proceso penal.

El caso ha generado gran conmoción pública debido a la condición de la imputada como miembro activo de la Policía Nacional y por las interrogantes que plantea sobre los protocolos de evaluación y seguimiento de la salud mental dentro de los cuerpos de seguridad del Estado.