Santo Domingo.- Con la entrada en vigor este lunes del nuevo Código Penal de la República Dominicana, juristas consultados coincidieron en que la reforma representa la modernización más importante del sistema penal en más de un siglo, aunque advirtieron que varias de sus disposiciones podrían enfrentar cuestionamientos de constitucionalidad y aumentar significativamente la carga de los tribunales.

La nueva legislación, establecida mediante la Ley 74-25, sustituye el Código Penal de 1884 tras concluir el período de vacatio legis de 12 meses e incorpora más de 70 nuevas figuras delictivas, además de endurecer las penas para diversos crímenes y adaptar la normativa a fenómenos como la ciberdelincuencia, la violencia de género y la corrupción administrativa.

Entre los cambios más relevantes figuran el aumento de la pena máxima de prisión a 40 años, con posibilidad de alcanzar 60 años por acumulación de condenas; la tipificación del feminicidio y el sicariato como delitos autónomos; así como la incorporación del ciberacoso, el chantaje mediante difusión de contenido íntimo —incluyendo deepfakes—, el fraude piramidal y la desaparición forzada.

Juristas respaldan la actualización, pero cuestionan penas y constitucionalidad

El abogado Plutarco Arias calificó la nueva normativa como una reforma "agridulce", al considerar que fortalece la persecución de delitos que anteriormente no estaban claramente tipificados, entre ellos el sicariato, los ataques con ácido del diablo, la invasión de terrenos, el robo de autopartes y diversas modalidades de corrupción administrativa.

"Se fortalece la persecución penal de conductas que antes carecían de una regulación adecuada, pero las penas de hasta 60 años limitan la facultad del juez para individualizar la sanción y podrían entrar en conflicto con el principio constitucional de reinserción social", sostuvo.

Arias también expresó reservas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y reiteró su posición a favor de despenalizar los delitos de difamación e injuria.

Por su parte, el abogado Wander Matos afirmó que el país necesitaba reemplazar un código que consideró obsoleto frente a las nuevas realidades jurídicas y sociales.

"Era indispensable actualizar una legislación del siglo XIX. Sin embargo, la implementación del nuevo Código debe ir acompañada de campañas de educación para que la ciudadanía conozca las nuevas conductas sancionadas y sus consecuencias", indicó.

Matos advirtió, además, que varias disposiciones podrían ser objeto de acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Alertan sobre mayor presión para el sistema judicial

Otro de los juristas consultados consideró que, aunque la reforma era necesaria, fue aprobada sin el tiempo suficiente para una revisión integral de sus implicaciones.

A su juicio, el nuevo Código Penal responde a un modelo de "maximalismo penal", al ampliar considerablemente la cantidad de conductas que pueden ser perseguidas criminalmente, lo que incrementaría el número de procesos judiciales y la presión sobre el sistema de justicia.

Asimismo, advirtió que la combinación de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal podría debilitar algunas garantías procesales y privilegiar la prisión como principal mecanismo de respuesta frente a los conflictos sociales.

Pese a las diferencias sobre algunos de sus contenidos, los especialistas coincidieron en que la entrada en vigor del nuevo Código Penal marca un cambio histórico para el sistema de justicia dominicano, cuyo impacto dependerá de la forma en que los tribunales interpreten sus disposiciones y de las eventuales revisiones constitucionales que puedan producirse en los próximos meses.