Santo Domingo. – La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, aclaró este lunes el alcance de sus recientes declaraciones sobre la investigación en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), asegurando que estas no modifican las conclusiones del informe oficial, aunque surgen en un contexto donde previamente había respaldado la destitución del exrector.

“Un funcionario público habla por los resultados… mientras no hay juicio, siempre hay presunción de inocencia”, expresó Ortiz Bosch, subrayando que la facultad de juzgar corresponde al Ministerio de Administración Pública (MAP) o a la Procuraduría General de la República.

El informe de la DIGEIG determinó la posible comisión de faltas éticas en el ITLA, señalando responsabilidades tanto del exrector Rafael Féliz García como de Winston Paulino, identificado como actor clave en la práctica investigada. “Las conductas observadas resultan incompatibles con los deberes de probidad e integridad”, establece el documento.

No obstante, el propio informe reconoce que en el caso de Féliz García ya se produjo una medida de alto impacto institucional: su destitución mediante el Decreto 39-26, dispuesta por el presidente Luis Abinader, lo que marca un precedente en el manejo del caso.

La DIGEIG concluyó que existen elementos suficientes para sanciones administrativas conforme a la Ley 41-08 de Función Pública, recomendando remitir el expediente al MAP para iniciar procesos disciplinarios tanto contra el exrector como contra Paulino, actual director de Gabinete del ITLA.

Asimismo, la entidad planteó adoptar medidas preventivas para evitar la repetición de estas prácticas, fortalecer los controles internos y remitir el informe a la Presidencia de la República para su conocimiento.

Las declaraciones de Ortiz Bosch se producen en medio de cuestionamientos sobre una posible contradicción en su postura, al enfatizar ahora la presunción de inocencia tras haberse ejecutado previamente la destitución del principal funcionario involucrado, lo que reaviva el debate sobre la coherencia y el debido proceso en la administración pública.