Santo Domingo Oeste. El proceso judicial por la muerte del joven Darlin Mercado dio un nuevo giro este lunes, luego de que un juez de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste aplazara para el próximo miércoles, a las 12:00 del mediodía, el conocimiento de la medida de coerción contra el cabo de la Policía Nacional José Francisco Heredia, acusado de ocasionarle la muerte durante un procedimiento policial en el sector Herrera.

El aplazamiento fue solicitado por los abogados de la familia de la víctima con el objetivo de que la Policía Nacional sea formalmente citada como parte civilmente demandada, al considerar que también debe responder por las actuaciones del agente mientras desempeñaba funciones oficiales.

El abogado de la familia, Bunel Ramírez Merán, explicó que la institución fue incluida en la querella debido a que el imputado era un miembro activo de la Policía Nacional y actuaba en el ejercicio de sus funciones cuando ocurrió el hecho.

"No solo debe responder el agente que disparó; la institución bajo cuyo mandato actuaba también tiene una responsabilidad civil que debe ser conocida por los tribunales", sostuvo el jurista.

"No mostró ningún arrepentimiento"

Ramírez Merán reveló además que durante la audiencia el cabo José Francisco Heredia mantuvo una actitud que calificó de indiferente frente a la gravedad de los hechos.

Según afirmó, el imputado no evidenció señales de arrepentimiento por la muerte de Darlin Mercado, sino que permaneció con aparente normalidad durante el desarrollo de la audiencia.

Para la familia, esa conducta refleja una preocupante ausencia de remordimiento ante la pérdida de una vida humana.

Piden prisión preventiva fuera de instalaciones policiales

La parte querellante solicitó al tribunal la imposición de un año de prisión preventiva y pidió expresamente que el agente sea enviado a un centro penitenciario ordinario, distinto al recinto de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.

Ramírez Merán argumentó que las instalaciones policiales no deben utilizarse como lugar de reclusión para agentes procesados por delitos graves.

"No puede permitirse que una dependencia policial se convierta en un espacio de privilegio o protección para miembros de la institución acusados de homicidio u otros hechos de alta gravedad", manifestó.

La audiencia fue reprogramada para el próximo miércoles, cuando el tribunal conocerá la solicitud de medida de coerción y decidirá tanto sobre la petición de prisión preventiva como sobre la incorporación de la Policía Nacional como parte civilmente demandada en el proceso.

El caso ha generado amplio interés público y reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes policiales, así como sobre la responsabilidad institucional en hechos ocurridos durante procedimientos oficiales.