Las sociedades democráticas se sostienen sobre un delicado equilibrio entre derechos y deberes. El derecho a la protesta es una de las expresiones más legítimas de la participación ciudadana y un instrumento indispensable para visibilizar demandas sociales, laborales y comunitarias. Sin embargo, su legitimidad encuentra un límite cuando, en el ejercicio de ese derecho, se afectan otros derechos fundamentales igualmente protegidos por la Constitución.

Con frecuencia, ante conflictos sociales, gremiales o políticos, el recurso inmediato es la paralización de servicios esenciales, el cierre de hospitales, vías públicas o la suspensión de actividades que impactan directamente la vida de miles de ciudadanos. La intención es ejercer presión sobre las autoridades, pero las consecuencias suelen recaer sobre quienes menos incidencia tienen en el origen del conflicto.

Se ha ido consolidando una cultura de protesta en la que, para algunos sectores, la eficacia de una reivindicación parece medirse por el nivel de trastorno que logra provocar. Mientras mayor sea la interrupción de los servicios, la congestión del tránsito o la paralización de las actividades cotidianas, mayor parece ser la posibilidad de obtener respuestas.

En esa dinámica, los daños colaterales terminan siendo asumidos como inevitables, cuando en realidad representan una vulneración de derechos de terceros que nada tienen que ver con la disputa.

Los ejemplos son numerosos. Cuando un hospital reduce o suspende sus servicios, el paciente que esperaba una cirugía, un tratamiento o una consulta especializada ve comprometido su derecho a la salud, con consecuencias que, en algunos casos, pueden ser irreversibles. Cuando las aulas permanecen cerradas por días o semanas, son los estudiantes especialmente los de menores recursos quienes ven limitado su derecho a la educación y comprometido su futuro. Cuando se bloquean carreteras o se paraliza el transporte, miles de trabajadores, emprendedores y familias enfrentan dificultades para llegar a sus destinos, pérdidas económicas y restricciones a su derecho al libre tránsito.

Como suele ocurrir, quienes terminan pagando el costo más alto son los sectores más vulnerables. Quien dispone de recursos encuentra alternativas; quien depende exclusivamente de los servicios públicos simplemente queda desprotegido. La desigualdad convierte los efectos de las protestas en una carga mucho más pesada para quienes ya enfrentan mayores dificultades.

Esto no significa desconocer la legitimidad de las demandas ni minimizar las razones que motivan las protestas. Por el contrario, implica reconocer que en un Estado democrático todos los derechos tienen igual dignidad y merecen la misma protección.

El derecho a reclamar no puede ejercerse anulando el derecho de otro ciudadano a recibir atención médica, educación, seguridad o movilidad. La responsabilidad también alcanza al Estado, que debe fortalecer los espacios de diálogo, atender oportunamente los conflictos y construir mecanismos eficaces de mediación antes de que las diferencias desemboquen en acciones que afecten a toda la población. La ausencia de respuestas institucionales no solo agrava los conflictos, sino que alimenta formas de presión cuyos efectos terminan golpeando a quienes menos pueden soportarlos.

Del mismo modo, los sectores que ejercen el derecho a la protesta están llamados a reflexionar sobre las formas en que canalizan sus demandas. En una democracia, la firmeza de un reclamo no debe medirse por el nivel de afectación que provoca a la ciudadanía, sino por su capacidad de movilizar conciencia, generar diálogo e impulsar soluciones. Ninguna causa, por legítima que sea, se fortalece cuando convierte en víctimas a quienes también son titulares de derechos

La República Dominicana necesita avanzar hacia una cultura del diálogo, donde el respeto a los derechos sea integral e indivisible. Defender un derecho nunca debería implicar sacrificar otro. Ese es el principio que distingue a una democracia madura: la capacidad de resolver los conflictos respetando la dignidad de todas las personas.

Porque cuando se reclama un derecho vulnerando otros, el verdadero perdedor no es el Gobierno, ni el gremio, ni el sector en conflicto. El verdadero perdedor es el ciudadano común, especialmente el más vulnerable, que una vez más termina pagando los platos rotos de disputas que nunca provocó.