SCJ abre proceso de renovación tras renuncia de Molina y Salcedo a repostularse
La reunión del CNM, celebrada en el Palacio Nacional, marca el punto de partida de una fase decisiva para el sistema judicial dominicano, en la que se examinará la permanencia de los actuales integrantes de la SCJ bajo criterios de desempeño y transparencia.

El sistema de justicia dominicano entra en una nueva etapa. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, y la jueza segunda sustituta de la presidencia, Nancy Salcedo, comunicaron formalmente su decisión de no postularse para un nuevo período ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), lo que activa de inmediato el proceso de renovación del alto tribunal.
El anuncio fue realizado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y secretario del CNM, Antoliano Peralta, tras la presentación del cronograma oficial para la evaluación de los magistrados de la SCJ.
“Quiero anunciar a los medios de comunicación que en la tarde de hoy, el magistrado presidente Henry Molina notificó al Consejo Nacional de la Magistratura que no postulará para un nuevo período, decisión que también fue comunicada por la magistrada Nancy Salcedo”, expresó Peralta.
Con esta determinación, el CNM deberá llenar dos vacantes en la alta corte, mientras inicia la evaluación del desempeño de los nueve jueces restantes, en un proceso clave para la institucionalidad del país.
Evaluación inicia el 5 de agosto
Nancy Salcedo detalló que el CNM aprobó el cronograma que regirá este proceso, el cual comenzará el próximo 5 de agosto e incluirá la publicación de informes de gestión, un período para la presentación de objeciones ciudadanas y la realización de entrevistas públicas a los magistrados.
La reunión del CNM, celebrada en el Palacio Nacional, marca el punto de partida de una fase decisiva para el sistema judicial dominicano, en la que se examinará la permanencia de los actuales integrantes de la SCJ bajo criterios de desempeño y transparencia.
El proceso busca fortalecer la confianza en la justicia y garantizar la continuidad institucional mediante una evaluación abierta y participativa, en momentos en que el país observa con atención la conformación de su más alta instancia judicial.
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