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Tribunal Constitucional

Justicia cierra disputa por más de US$103 millones de Trujillo; sus nietos reclamaban los fondos

La justicia habia determinado que los fondos corresponden al Estado dominicano, cerrando así el litigio sobre la titularidad de estos recursos.

David Ruiz
David RuizJueves, 13 de agosto de 2026 · 2 min de lectura
Rafael Leónidas Trujillo Molina
Rafael Leónidas Trujillo Molina — Fuente externa

Santo Domingo. — La justicia dominicana puso punto final a un prolongado litigio relacionado con una suma que actualmente supera los US$103 millones, depositada en el entonces Banco de Reservas por el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina en 1950.

El caso fue llevado a los tribunales por sus nietos, Rafael José Ramón Trujillo Lovatón y Yolanda Altagracia Trujillo Lovatón, quienes reclamaban al Banco de Reservas la devolución de los fondos, además del pago de una indemnización por daños y perjuicios.

Los recurrentes sustentaban su pretensión en un contrato de depósito que, según alegaron, establecía que, después del fallecimiento de Trujillo, los recursos debían ser entregados a su hija, Lina Altagracia Lovatón Pittaluga, madre de los solicitantes.

Sin embargo, el proceso judicial concluyó con una decisión contraria a las pretensiones de los herederos. La Suprema Corte de Justicia determinó que los fondos corresponden al Estado dominicano, cerrando así el litigio sobre la titularidad de estos recursos.

La controversia se remonta a un depósito realizado hace más de siete décadas y que, con el paso del tiempo y la acumulación de intereses, habría alcanzado un valor superior a US$103 millones, convirtiéndose en uno de los litigios patrimoniales más relevantes vinculados a la herencia del antiguo régimen de Trujillo.

Tras las decisiones judiciales adversas a sus intereses, los nietos del dictador interpusieron un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional, instancia que declaró inadmisible la acción.

Con esta decisión, queda judicialmente cerrado el reclamo de los descendientes de Trujillo sobre los fondos depositados en Banreservas, prevaleciendo la posición de que el dinero forma parte del patrimonio del Estado dominicano y no de la sucesión familiar.

El caso adquiere especial relevancia por el monto involucrado y por su origen histórico, al tratarse de recursos depositados durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina y cuya titularidad fue objeto de una disputa judicial que se prolongó durante años.

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