Santo Domingo. — Hay familias en República Dominicana que llevan meses y, en algunos casos, años viviendo con una pregunta que no encuentra respuesta: ¿dónde está su ser querido?

La incertidumbre se convierte en una rutina marcada por llamadas, visitas a instituciones, recorridos, publicaciones en redes sociales, entrevistas en medios de comunicación y una búsqueda que, con el paso del tiempo, puede quedar casi exclusivamente sobre los hombros de los familiares.

Ese drama vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública con la presentación este martes del “Diagnóstico Integral sobre Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana”, un estudio que advierte sobre las brechas existentes en la respuesta institucional y plantea la necesidad de abordar estos casos como un problema que trasciende lo policial.

Las cifras recopiladas en el período comprendido entre 2018 y julio de 2026 reflejan la dimensión del fenómeno: 4,171 personas fueron reportadas como desaparecidas.

De ese universo, 3,398 fueron localizadas con vida, mientras 532 fueron encontradas muertas. Al cierre del período analizado, 241 personas permanecían desaparecidas.

Detrás de cada uno de esos números existe una historia familiar que quedó suspendida.

Una ausencia que no termina

El diagnóstico fue presentado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), en un encuentro que reunió a autoridades académicas, representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, familiares de personas desaparecidas, investigadores, docentes y estudiantes.

El estudio, elaborado a partir de revisión documental, análisis comparado de legislaciones, entrevistas, grupos focales y una encuesta aplicada a 74 familiares de personas desaparecidas, busca identificar no solamente cuántas personas han sido reportadas como desaparecidas, sino también qué ocurre con quienes permanecen esperando.

Y una de sus principales conclusiones apunta precisamente a las familias.

Las dificultades para denunciar y dar seguimiento a los casos, los impactos económicos y emocionales y las deficiencias en el acompañamiento institucional aparecen entre los principales obstáculos identificados.

La desaparición, según el diagnóstico, no termina en el momento en que una persona deja de ser localizada. Para sus familiares puede convertirse en una experiencia prolongada de incertidumbre, desgaste económico y afectación emocional.

Durante la presentación, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, insistió en que el fenómeno no puede ser reducido a un expediente policial.

“La desaparición de una persona trasciende el ámbito administrativo”, sostuvo, al señalar que compromete derechos fundamentales como la vida, la libertad, la seguridad personal y la integridad física, psíquica y moral.

Mujeres cargan con buena parte de la búsqueda

Uno de los elementos destacados durante la presentación fue el papel que desempeñan las mujeres dentro de las familias de personas desaparecidas.

Madres, esposas, hermanas e hijas aparecen con frecuencia como quienes mantienen activa la búsqueda cuando el caso deja de ocupar espacios en la agenda pública.

Son ellas quienes, en muchos casos, movilizan a vecinos y comunidades, recorren instituciones, contactan medios de comunicación y mantienen el seguimiento ante las autoridades.

La investigación plantea así una realidad que va más allá de la desaparición: la carga de encontrar a la persona ausente termina recayendo, en buena medida, sobre quienes quedaron esperándola.

“Detrás de cada registro existe una vida; detrás de cada expediente, una familia; y detrás de cada demora institucional, una angustia que se prolonga”, expresó Ulloa.

Una alerta no es el final de la búsqueda

Durante el acto también fue resaltada la promulgación de la Ley 25-26, que establece la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, denominada “Alertas RD”.

La legislación representa, de acuerdo con el Defensor del Pueblo, un avance para establecer mecanismos de activación de búsqueda y coordinar la participación de las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad.

Pero Ulloa hizo una precisión que resume uno de los principales desafíos planteados por el diagnóstico:

“Una alerta es el inicio de la búsqueda, no su conclusión”.

La advertencia coloca el foco sobre lo que ocurre después de la activación de una alerta y sobre la necesidad de que los casos no pierdan prioridad con el transcurso de los días.

El diagnóstico plantea que una política pública efectiva debe establecer responsabilidades claras, protocolos comunes, intercambio oportuno de información, capacidades tecnológicas y forenses, acompañamiento psicosocial y canales permanentes de comunicación con las familias.

También advierte que la disminución de la atención pública sobre una desaparición no debe significar el cierre de la búsqueda.